El jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las 09h00 en el sector 19 de Junio, conocido también como Rancho Grande en el cantón La Troncal, provincia de Cañar, el juez multicompetente Ramón Darío Abad Gallardo fue brutalmente asesinado durante un ataque armado.
Detalles del ataque
El juez se desplazaba en su vehículo por la vía mencionada cuando fue interceptado por sujetos armados que se desplazaban en motocicleta. Según la información policial registrada en el lugar, los agresores siguieron a Abad desde el cantón El Triunfo hasta el sector donde se produjo el ataque.
Los hombres dispararon varias veces contra el automóvil donde se encontraba el juez. Abad recibió al menos cinco impactos de bala. A causa de la agresión, perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra una vivienda cercana. Tras el impacto, el cuerpo del juez quedó tendido fuera del vehículo.
Respuesta de emergencia y acciones policiales
Al lugar del ataque acudieron unidades de emergencia, que confirmaron el fallecimiento del juez en el sitio. La Policía Nacional estableció un operativo en la zona para tratar de localizar a los responsables y recoger pistas que permitan esclarecer tanto las circunstancias como los motivos del asesinato.
Contexto de violencia contra operadores de justicia en Ecuador
El crimen de Ramón Darío Abad Gallardo es parte de una preocupante serie de actos violentos dirigidos contra jueces, fiscales y otros servidores del sistema judicial ecuatoriano.
Según datos proporcionados por el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), entre 2020 y mayo de 2026 ocurrieron 43 atentados graves contra la vida o integridad de operadores de justicia. De esos eventos violentos, 25 terminaron en víctimas fatales, lo que revela un panorama de riesgo significativo para quienes trabajan en el sistema de justicia.
Investigaciones y consecuencias
Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los autores materiales de este ataque, así como para determinar si el asesinato guardaba relación con la labor judicial de Abad o si existen otras causas implicadas. Por ahora, no se ha confirmado oficialmente el motivo detrás del crimen.
Este caso pone una vez más sobre la mesa la urgencia de garantizar la seguridad y protección de los operadores de justicia en el país, para que puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias o agresiones.
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